En respuesta a nota número 1772, del dia 3 de octubre del corriente año presentada por Psicóloga Ivanna Estefania Cabello Rendace, DNI 34.287.242, en la cual presenta constancias legalizadas que acreditan que no ejerce como psicóloga en el ámbito del Poder Judicial de Tucumán y donde además solicita se publique aclaraciones y rectificaciones en medio públicos.

Analizada las copias de certificado de trabajo, de donde surge que cumple funciones como encargada auxiliar, con antigüedad de tres años, siendo su ingreso el día 20/04/2016, dicha documentación lleva la firma de: Cristina Serrano Secretaria Judicial, mas una constancia que determina que la Licenciada realiza tareas administrativas en el Juzgado de Paz de Tafí Viejo, bajo la firma de la Licenciada Teresa Comolli, Secretaria de Corte y Directora de RR.HH del Poder Judicial y del Juez de Paz el Sr. Juan Carlos Cipriani. También adjunta
copia legalizada de su nombramiento en el Poder Judicial, año 2016.

Dicha documentación es presentada en el marco de las actuaciones llevada a cabo por el Colegio de Psicólogos, en cumplimiento de la ley 7512, articulo 2, articulo 3 y articulo 4, donde se solicito nomina de profesionales con títulos universitario psicólogos, pedido que fuera evacuado por Corte Suprema de Tucumán, informando la nomina de dependientes con títulos universitarios de psicólogos, de donde se pudo constatar la existencia de profesionales con matrículas suspendida y sin matriculas, lo cual se informo, no recibiendo al día de la fecha en forma oficial respuesta, por parte de las autoridades correspondiente.

Que en el caso, el cumplimiento de tareas administrativas o de gestión referenciadas no implican ejercicio de la profesión en los términos de la ley 7512 articulo 4, por ende no pesa sobre el mismo la obligación de matricularse. No obstante ello no dispensa al profesional de matricularse en caso de ejercicio privado ya que no existe incompatibilidad de detentar cargo público y ejercer de manera privada. Tampoco lo dispensa de matricularse en caso de cambios de funciones que si importen un ejercicio profesional debiendo dar la Corte Suprema de Justicia cumplimiento con el artículo 3 de la ley 7512 también.

Recordamos que las actuaciones son impulsadas en orden a la Constitución Provincial, Ley 7512 y Dictamen de Fiscalía de Estado de año 2016 emitido por el Dr Daniel Leiva

En merito a lo expuesto el HCD Resuelve:

Art1: Pase el archivo en forma provisoria, las actuaciones administrativas del colegio de psicólogos realizadas. Pasando a archivo total y/o actuaciones correspondientes, cuando se reciba dictamen de autoridades de la Corte Suprema, en relación al caso de psicólogos que cumple funciones administrativas y/o gestión si cumplen o no con el articulo 4 inc 2 de la ley 7512.

Art2: Pase al área de prensa y difusión del colegio de psicólogos de Tucumán, para que se informe en las redes sociales oficiales, pagina web del colegio de psicólogos, y otros medios públicos ( La Gaceta ), que la Psicóloga Ivanna Estefanía Cabello Rendance, cumple funciones administrativas en el Juzgado de Paz en la Ciudad de Tafi Viejo, y no como psicóloga que realiza tareas de incumbencias del área de psicología jurídica/forense

Art3. Notifique a las partes y archivese.

Res. 003-20

San Miguel de Tucumán, Acta N° 656/20

En cumplimiento del Art 33 y 35 del Reglamento del Tribunal de Ética, el HCD del Colegio de Psicólogos de Tucumán, informa que:
Habiéndose cumplido los plazos de la Res. del Tribunal de Ética N° 5 de 2019, y efectivizado el correcto cumplimiento de la sanción disciplinaria se procede al archivo de las actuaciones.
En cuanto a la Res N° 4 y 6 del Tribunal de Ética del CPT de 2019 respectivamente, se establece la vigencia de sanción disciplinaria entre el 1/2/2020 hasta el 1/2/2022, a la matricula 1511.

Comisión Directiva del Colegio de Psicólogos de Tucumán

Res. 004

Acta 707 del 7 de febrero de 2024

Visto: 

Las numerosas denuncias realizadas por obras sociales y por afiliados a las mismas contra prestadores que presuntamente facturan prácticas no realizadas 

Las reiteradas situaciones donde auditoría también detecta facturación por prácticas no realizadas bajo la forma de facturación a los propios familiares y allegados del prestador a quienes no se puede tratar por obvias razones de índole ética

Que en secretaría de asuntos profesionales constan los antecedentes de diversos descargos donde los prestadores denunciados  atribuyen estas facturaciones  a “errores involuntarios” propios o de su personal administrativo;  o al hecho de que fue pactado con los denunciantes  facturar sesiones no realizadas que implican la falsificación de sus firmas aunque estos a posteriori lo desconozcan , o al hecho de que los  denunciantes consintieron que su  número  de afiliado fuera utilizado por un familiar o allegado aunque estos a posteriori lo desconozcan , siendo todas estas cuestiones incompatibles con una buena práctica profesional y con la ética 

Que la comisión de un error involuntario podría explicar un error aislado en la presentación de un mes de facturación, pero no puede explicar la persistencia de facturación por prácticas no efectuadas a lo largo de dos o más meses

Que la presentación de facturación por prácticas no realizadas implica además la mayoría de las veces falsificar la firma del denunciante, lo cual constituye un delito penal por el cual  el colegio queda obligado a debe poner a disposición de la autoridad competente cuando esto es requerido, obligación que nace a la luz de ser una persona pública no estatal

Que este tipo de prácticas cuando efectivamente se constatan ponen en cuestión no solo el accionar del profesional tratante sino además el prestigio de nuestra profesión y los convenios colectivos con obras sociales que el colegio suscribe 

La necesidad de tomar medidas de tipo administrativas apoyadas en las obligaciones que posee este consejo a la luz de la ley 7512 artículos 4 ( inciso 1,2)  y 7

Resuelve:

1.en caso de detectarse o denunciarse facturaciones por prestaciones no realizadas, o facturación a nombre de personas a las cuales no se puede tratar por cuestiones éticas, o facturación a terceros que declaran no haber sido asistidos, se requerirá al prestador un descargo a los fines de esclarecer y evaluar las circunstancias del caso. Atento a los antecedentes este consejo anticipa que el error administrativo del prestador o sus asistentes administrativos no opera de defensa exculpatoria, salvo circunstancias extraordinarias que serán analizadas de manera restrictiva.

2. Producido el descargo la secretaría de asuntos profesionales emitirá un dictamen que será elevado al consejo para su consideración. En todos los casos en que se constate facturación de prestaciones no realizadas que no se puedan explicar por un error administrativo factible de haber sido cometido involuntariamente el hcd deberá: 

Elevar todos los antecedentes en torno a estas situaciones al hte para que el mismo determine la formación o no de causa ética.

Retener el pago de las prestaciones no realizadas

En caso de que el pago ya se hubiera efectuado solicitar la devolución de la suma indebidamente percibida. En caso de que el profesional no devuelva voluntariamente la suma indebidamente percibida, proceder a la retención compulsiva de su facturación hasta cubrir el total de la misma. 

Aplicar una multa equivalente al 100% de la facturación presentada al valor de la prestación actualizado al momento de la multa. El monto recaudado en concepto de multas se destinará a las áreas de extensión a la comunidad y formación.

3.no se incluye dentro de este accionar el cobro de sesiones a las que el paciente no asiste sin aviso o avisa sin antelación suficiente, siempre que esta modalidad se haya explicitado en el contrato terapéutico.

Siendo un acto administrativo de alcance general a los fines del artículo 10 inciso 1, publíquese esta resolución en todos los medios de difusión de la institución.

Archivese-