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Y lo imposible sólo tarda un poco más

En este trabajo voy a intentar referirme a la complejidad de los efectos del terrorismo de Estado en nuestra sociedad, se trata de situar nuestras intervenciones en un campo que no pasa por experiencias individuales de ningún modo. Las violaciones a los Derechos Humanos perpetradas en nuestro país produjeron un tremendo impacto en las subjetividades, no sólo de quienes fueron víctimas directas, sino de la comunidad toda y aún de las generaciones subsiguientes.

El establecimiento del sistema concentracionario supone un trauma en el cuerpo social a través de torturas y desapariciones de sujetos que encarnaban determinadas relaciones sociales; el objetivo perseguido era desarticular, destruir y reorganizar la sociedad. Para conseguirlo debían quebrar la personalidad de las víctimas, instilar terror, intimidar, disuadir de posible resistencia, a la vez que mandar el mensaje de horror a la sociedad para mantenerla sometida, afianzando su poder. Las relaciones sociales a eliminar eran precisamente las que ponen de manifiesto la igualdad entre pares, autónomos de un poder no consensuado, y solidarios entre sí.

El genocidio fue planificado y sistematizado para reorganizar a la sociedad completamente, clausurar relaciones sociales de paridad y solidaridad a fin de producir subjetividades individualistas como sustento de una sociedad reorganizada por el neoliberalismo. Se efectivizaron todos los pasos que constituyen las prácticas sociales genocidas: los disidentes políticos y luchadores populares estigmatizados como lo otro negativo y peligroso por medio de la denominación “delincuentes subversivos”, luego hostigados, aislados de sus redes sociales, debilitados a fin de quebrar su resistencia y por último exterminados. Los liberados luego de pasar por los Centros Clandestinos de Detención, llevaron el mandato de aterrorizar a sus comunidades, sus cuerpos eran portadores de las señales de lo que podría pasarle a quien se atreviera a pensar siquiera en alternativas al poder hegemónico.

No se trataba solo de eliminar a quienes integraban una o varias fuerzas políticas, se intentaba transformar a la sociedad toda aniquilando a quienes encarnaban un modo de construcción de identidad social y eliminando –material y simbólicamente– la posibilidad de pensarse socialmente de ese modo.

La finalidad del procedimiento de la tortura era producir la renuncia de la propia identidad, obligando a sus víctimas a renegar de sus convicciones políticas, nacionales, religiosas o sexuales y entregar información que redundaría en daño para sus seres queridos y compañeros.

El aparato concentracionario buscó generar en la sociedad esa misma renuncia mediante el procedimiento de instalar la posibilidad de tortura. El miedo a la tortura ha resultado una herramienta mucho más efectiva, ya que el terror a lo desconocido genera un nivel de angustia e incertidumbre superior al de cualquier dolor. Sabemos que la estructura psíquica no se encuentra preparada para confrontar un estímulo que desconoce, sobre todo cuando las respuestas clásicas, de huida o confrontación, han sido clausuradas.

Entonces el terror generó efectos a nivel social, como Inhibir la comunicación, desvinculación de procesos organizativos, aislamiento social, cuestionamiento de valores, desconfianza. Efectos a largo plazo que llegan todavía hasta nuestros días, debido al mantenimiento de la impunidad; haciendo que el terror sufrido en el pasado permanezca, sin solución de continuidad, siendo presente.

En muchas personas persisten vivencias de una realidad amenazante; sentimiento de impotencia; reacciones incontroladas que pueden ir desde la parálisis de la acción hasta ataques de pánico; afectación de distintos órganos, problemas de salud de carácter psicosomático y afectivo, alteración de la inmunidad; y, sobre todo, los duelos alterados, suspendidos, con tremendas implicancias subjetivas y sociales.

“Las consecuencias producidas son de una dimensión distinta de aquellas otras que se derivan de enfermedades físicas o psíquicas -aún cuando sean generadoras de estas últimas- por estar ligadas a la magnitud del trauma sufrido, detectándose en diversas esferas tanto subjetivas como sociales”. Se evidencia no sólo en las consecuencias vividas por quienes padecieron las torturas de modo directo, sino por la repercusión transgeneracional y la transmisión sorda de “lo no dicho” al resto de la sociedad que ello implica.

A posteriori de actuado el exterminio, el proceso de aniquilamiento continúa su acción por mecanismos de “realización simbólica” tales como la negación de los tormentos y desapariciones.

Es importante entonces, problematizar los modos en que la sociedad asimila simbólicamente los hechos de exterminio habiendo producido una narración que desvincula al genocidio del orden social que lo originó; trastocando el sentido, lógica e intencionalidad de los mismos. A partir de ello es que se desarrollan mecanismos como la negación de la identidad de las víctimas, de la identidad de las luchas populares de los años 60 y 70, los modos de transferencia de la culpa, el uso de un horror abstracto y sus efectos paralizantes; y las consecuencias de dichos procesos en la reconstrucción de identidades, las lógicas de demonización, el papel de la desconfianza, y diversas modalidades de despolitización de las víctimas.

A la imposibilidad de asumir los daños que ha dejado el arrasamiento, esta nueva construcción simbólica agrega la clausura de su puesta en palabras, pero ya no desde el silencio sino reemplazándolo por otras palabras que clausuran la posibilidad de elaboración. El terror ha fragmentado los lazos de solidaridad y confianza en los otros vaciando de sentido las relaciones sociales, capturando las subjetividades en la inmediatez. Este sinsentido se instala como relato dogmático, lo reprimido continúa ahogado y clausurado, no ya por el silencio sino a través de formulaciones discursivas que permiten darle a la sensación reprimida una salida narrativa. Esto constituye un paso más –histórico-social– en el arrasamiento de la identidad, siguiendo las lógicas de la realización simbólica de las prácticas sociales genocidas.

El objetivo fundamental y consecuencia de un “genocidio reorganizador” es la búsqueda de la desubjetivación y la desensibilización, no sólo en las víctimas directas, sino en el conjunto social al que las prácticas se encuentran dirigidas: el propio grupo nacional y su entramado de relaciones sociales.

La permanencia de esta eficacia simbólica, como eco del terror y amenaza, nos muestra que no es “pasado”, sigue sucediendo en sus efectos, en los hijos de desaparecidos apropiados y a través de la impunidad que todavía detentan los perpetradores. Por lo que resulta imperativo el establecimiento de los actos de Justicia y la consecuente reparación, a fin que la sociedad pueda recrear proyectos de vida que recuperen las prácticas sociales vulneradas, transformando las subjetividades de víctimas en sujetos sociales activos.

El terror de Estado ha dejado profundas heridas que aún permanecen abiertas debido a la persistencia de la impunidad. Es ahí que la realización de los Juicios supone la posibilidad de basamento del proceso reparador, en su doble dimensión de justicia y ordenamiento.

Sin embargo, no podemos dejar de señalar que los daños infligidos por las prácticas genocidas se inscriben dentro del campo de lo irreparable; han dejado una herida abierta en grandes sectores de la población, constituyendo un insistente testimonio de la incertidumbre y soledad jurídica y social que ha consolidado la impunidad; siendo fundamental remarcar su acción como un segundo estímulo traumático, que va a incidir sobre las heridas abiertas extendiendo sus efectos a las generaciones siguientes. Sobre esas heridas es que la justicia tiene que dar un fallo reparador a fin de hacer cesar la impunidad. Es importante destacar que la sanción de los crímenes permite a la comunidad y a las víctimas salir del estado de permanente injusticia que la impunidad genera; si bien la sanción no anula el crimen, impide que se siga cometiendo, continúen sus efectos y se perpetúen.

Puede pensarse en la posibilidad de reparación simbólica propiciando un reordenamiento de la vida psíquica y social. Dicha reparación pone a su disposición nuevos recursos para cicatrizar lo dañado y empezar a reconstruir y reconstruirse, tanto por parte de las víctimas como de sus comunidades y la sociedad en su conjunto; ya que, si bien a los fines jurídicos se particulariza a las víctimas, creemos importante señalar que todas y todos fuimos afectados por la implementación del terror.

Sin embargo, y a pesar de que los efectos sociales de descohesión y desmovilización han sido enormes, paradójicamente la arbitrariedad y crueldad de la violencia también generó en mucha gente una mayor conciencia sobre el sentido de la represión y las desapariciones, que ha contribuido a desarrollar formas de resistencia, expresadas fundamentalmente por los Organismos de Derechos Humanos.

Desde el derecho internacional (Convención Americana sobre Derechos Humanos, Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) se sostiene que la reparación debe ser integral, debería ser un proceso que articule las sentencias judiciales con la recuperación de la historia de lucha de los pueblos, el reconocimiento público del Estado de su responsabilidad, la implementación de sitios de memoria, la obligatoriedad del Estado de adoptar medidas tendientes a garantizar la no repetición de hechos lesivos; amén de la recuperación para las víctimas de trabajo digno, obra social, educación, etc. Cabe destacar que es fundamental que los sobrevivientes sean quienes expresen lo que para ellos sería reparatorio, en conjunto con sus comunidades.

Esto, que parece una muy apretada síntesis de cuestiones de tamaña dimensión y complejidad, sólo intenta marcar una puntuación, a modo de huella, hacia la posible elaboración y transmisión colectiva.

Por último quisiera agradecer a H.I.J.O.S.-Tucumán por haberme permitido transitar a su lado un tramo de construcción de su historia; entrañable lazo que, mediante sus interpelaciones, me permitió elaborar y resignificar trozos perdidos de mi propia historia. En su homenaje quiero trasmitirles las palabras de cierre del alegato de Pablo Gargiulo, hijo de mis compañeros Carmen Gómez y Héctor Gargiulo, desaparecidos en Tucumán el 5 de marzo de 1976:

“Ha sido un largo camino el recorrido hasta aquí Sr. Presidente. Y a pesar de que este juicio puede significar el final de ese camino, una meta alcanzada luego de décadas de lucha, al fin y al cabo no es más que un nuevo punto de partida.

Porque verá Sr. Presidente, las páginas de ese libro sin final que es la historia, la seguirán escribiendo nuestros hijos y nietos. Y lo que vayan a escribir acerca de esta historia dependerá en buena medida de esta sentencia. Es aquí donde cobra toda su dimensión el aspecto de HISTÓRICO con que se ha bautizado a éste juicio en tan- tas oportunidades.

Como lo resumió Hannah Arendt, citando una frase de Isak Dinesen: “Todas las penas pueden soportarse si las ponemos en una historia o contamos una historia sobre ellas”. Eso es esta sentencia, Sr. Presidente. Una historia que documenta un acontecimiento. Pero desde una perspectiva histórica esta sentencia lleva consigo la posibilidad de convertirse en algo más que una sentencia. Tiene la posibilidad de convertirse en un Legado.

Un Legado para las generaciones futuras, que les permita creer a nuestros hijos y a nuestros nietos, que la Argentina es un país donde la Impunidad no es la moneda con que se paga el sufrimiento de las víctimas del terrorismo de estado.

Un Legado que permita creer que el nuestro no es un país donde se barre debajo de la alfombra del olvido los hechos más terribles y traumáticos de nuestra historia, si no que se los enfrenta, con la frente en alto y con las armas de la democracia y el estado de derecho.

Un Legado que les permita a nuestros hijos y nietos crecer creyendo que viven en un país donde la única lucha que se pierde es la que se abandona y donde lo imposible, lo que parece imposible Sr. Presidente, sólo tarda un poco más”.

Autora

Silvia Sandoval, Psicóloga.
Responsable del Área Memoria y Reparación de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos de Tucumán.
Coordinadora del Equipo Interinstitucional de Acompañamiento a Testigos víctimas del terrorismo de Estado.