El 3 de julio la violencia se cobró una nueva vida en Tucumán; esta vez la de una pequeña de tres años. Este hecho muestra nuevamente el estado de desprotección y privación de derechos en el que viven muchísimos niños, niñas y adolescentes. Las medidas de Aislamiento social preventivo y obligatorio dificultan el acceso a la educación y la recreación, pero además dejan en una situación crítica a niños y niñas encerrados con sus abusadores en el ámbito doméstico. Este contexto convoca a realizar un esfuerzo aún mayor al habitual, desde la ejecución de políticas públicas, para garantizar la vida y los derechos de NNyA. Es urgente revertir el estado de desmantelamiento de programas y dispositivos, y fortalecer el Sistema de Promoción y Protección de Derechos de NNyA con los recursos materiales y técnicos necesarios. La agudización de las problemáticas sociales como producto de la inequidad aumentan la demanda de intervención de equipos profesionales. La regresión de los sistemas de protección estatal deja a los niños a expensas de la vulneración de sus derechos, y a los trabajadores sumidos en la impotencia. Las condiciones de precariedad en la que trabajan los profesionales del área es parte de este desmantelamiento. Y la pretensión de criminalizar su accionar es inaceptable. En este marco, habiendo tomado conocimiento sobre la audiencia judicial realizada el día 14 de julio en la Fiscalía de homicidios de la II nominación a cargo de la Dra. Gianonni, desde el Colegio de Psicólogos de Tucumán manifestamos nuestra preocupación y disconformidad por el trato otorgado a una de nuestras profesionales matriculadas, que presta servicio en la DNAYF. Repudiamos las condiciones inapropiadas y de descuido en que se tomó dicha audiencia judicial de declaración. En primer lugar la profesional fue interrogada sin que se la citara y se le explicaran con claridad el marco legal, el carácter de la audiencia y sus derechos antes de la declaración, y sin que tuviera acceso al expediente desde el cual se la interroga. Este maltrato se vio redoblado por la inequidad de condiciones en cuanto al cuidado de la salud: la audiencia se realizó de manera virtual pero mientras los agentes judiciales estaban en un espacio protegido la colega declaró en condiciones riesgosas (desde una comisaría, en un espacio sin intimidad por donde circulaba gente, sin respeto por ninguna medida de distanciamiento social). Como representantes de trabajadores/as de salud mental, valoramos el carácter reparatorio que supone el acceso a la justicia y el conocimiento de la verdad de los acontecimientos. Pero no podemos convalidar estos modos de proceder que encierran lógicas represivas y de desigualdad aún presentes en las instituciones del Estado. No aceptamos prácticas de criminalización de los psicólogos y de los trabajadores en general; no convalidamos políticas públicas que no contemplen las condiciones de trabajo de los profesionales responsables de su funcionamiento en terreno cada día.
