Colegio de Psicólogos de Tucumán
No es solo una modificación administrativa. Es un cambio de paradigma.
Ante el proyecto de “Ley contra el fraude de pensiones por invalidez”, que introduce modificaciones en la Ley de Emergencia en Discapacidad, expresamos nuestra profunda preocupación por los retrocesos que puede implicar en materia de derechos.
Desde un enfoque de derechos, advertimos un desplazamiento preocupante: de derechos a control.
Se instala una lógica donde las personas con discapacidad pasan a ser objeto de verificación permanente.
Esto implica un riesgo concreto de estigmatización y una inversión peligrosa del principio básico: de la presunción de derecho a la presunción de irregularidad.
Un retroceso conceptual: volver a la “invalidez laboral”.
- Reducir la discapacidad a la capacidad de trabajar desconoce el modelo social y las barreras del entorno.
- Se mide a la persona por su productividad, no por sus derechos.
- Una contradicción estructural: pensión o trabajo.
La incompatibilidad con el empleo formal no promueve la autonomía: la limita. - Se desalienta la inclusión laboral y se refuerzan circuitos de dependencia
Riesgos concretos sobre la vida cotidiana.
Auditorías con posibilidad de suspensión preventiva pueden interrumpir ingresos esenciales.
Sin garantías claras, esto impacta directamente en la subsistencia y calidad de vida.
Barreras que se profundizan.
El reempadronamiento obligatorio, sin condiciones de accesibilidad aseguradas, puede dejar afuera a quienes más apoyo necesitan.
Lo administrativo no puede convertirse en exclusión.
Una ausencia central: la política de apoyos.
El foco está puesto en quién “merece” la pensión, no en qué necesita la persona para vivir con autonomía.
Sin apoyos, no hay inclusión real.
Un sistema en riesgo.
La incertidumbre en el financiamiento y en la regulación impacta directamente en la continuidad de las prestaciones.
Esto afecta tanto a las personas con discapacidad como a los equipos que sostienen su atención.
Estas medidas entran en tensión con los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: autonomía, inclusión, participación social, accesibilidad y derecho al trabajo.
Ordenar el sistema no puede implicar restringir derechos.
La discapacidad no es un gasto a controlar.
Es una realidad que exige políticas públicas responsables, sostenidas y centradas en las personas.
Desde la Comisión de Discapacidad solicitamos que estas medidas sean revisadas, garantizando que toda reforma fortalezca —y no debilite— los derechos conquistados.
Comisión de Discapacidad
Colegio de Psicólogos de Tucumán