El pasado jueves se sancionó en la Legislatura de Tucumán la modificación de la Ley N° 8726, norma provincial que desde 2014 adhiere a la Ley Nacional N° 26.657 de Derecho a la Protección de la Salud Mental.
Desde nuestra institución queremos reafirmar que siempre acompañaremos los movimientos que tiendan a ampliar derechos y que sean respetuosos de los principios de la Ley Nacional de Salud Mental, entendiendo que esta es la norma marco que orienta las políticas públicas en la materia.
En una primera lectura, consideramos valiosos algunos aspectos que se incorporan en la modificación, como:
- La mención expresa a la asignación presupuestaria, elemento indispensable para garantizar la efectividad de cualquier política de salud mental.
- La georreferencia de servicios y dispositivos, que puede contribuir a una planificación más equitativa y accesible.
- La perspectiva comunitaria como orientación central para la organización de la red de atención.
- La creación de una Comisión Interministerial, que habilite la articulación entre distintos sectores del Estado.
Sin embargo, entendemos que la plena implementación de la Ley Nacional en nuestra provincia requiere la existencia de un Órgano de Revisión, tal como lo establece el marco nacional. La ausencia de este organismo podría traducirse en nuevas dilaciones y obstáculos para alcanzar los cambios que nuestra comunidad necesita y que la normativa vigente plantea como horizonte.
Nos comprometemos a seguir trabajando colectivamente para analizar en detalle esta modificación y aportar, desde nuestro rol profesional e institucional, a la construcción de políticas públicas de salud mental que sean inclusivas, respetuosas de derechos y ajustadas a los marcos legales vigentes.