Ley Ómnibus

1. Desplaza la competencia del equipo interdisciplinario, ponderando la decisión de los jueces, quienes por lo general poco entienden de criterios técnicos específicos sobre Salud Mental. Jerarquiza al poder judicial por sobre el equipo de salud, lo cual supone un retroceso, ya que se habilita nuevamente la vía a la discrecionalidad para encerrar, sin ofrecer garantías respecto del tiempo de internación.
2. Respecto a las internaciones involuntarias:

   a) Modifica las razones que deben sostener la decisión de adoptar esta medida terapéutica. Como ya sabemos, las condiciones para indicar una internación involuntaria responden a brindar garantías a los/as usuarias, el ampliar estas condiciones con especificaciones vagas del tipo “cuando (…) no entrañe riesgo cierto e inminente para sí o para terceros pero no hayan cesado las causas que generaron tal situación” atenta contra el derecho a la libertad de las personas.

   b) Jerarquiza la decisión de la madre o el padre en la internación para infancias y adolescencias, lo cual pone de manifiesto el retorno a la lógica tutelar

   c) El defensor que acompañe la internación involuntaria puede oponerse a la externación y decidir por sobre el equipo de salud respecto a la misma.

3. Atenta contra el espíritu de desmanicomialización, autorizando expresamente la creación de nuevos manicomios y eliminando la obligatoriedad de que las internaciones se lleven a cabo en hospitales generales. Quienes trabajamos en el campo de la salud mental sabemos que eso sólo profundiza la estigmatización de los/as usuarios.Además en este punto desoye tratados internacionales, lo que como sociedad debe ponernos en alerta sobre el pleno respeto de los pactos a los que nuestro país adhiere.
4. En cuanto al órgano de revisión: recordemos que su función es velar por el plena implementación de la ley en cada una de las provincias y que debe estar conformado por agentes estatales y no estatales para garantizar la imparcialidad y la eficacia en su tarea en tanto contralor. La propuesta de modificación lo restringe a un mero equipo técnico, lo cual atenta contra la función para la cual fue delineado, desarticulando su injerencia en la toma de decisiones, provocando, por ende, su vaciamiento y silenciamiento.

Desde el CPT, hace muchos años que encaramos la tarea de velar por el cumplimiento de la Ley Nº 26.657 en nuestra provincia. En todo este tiempo, hemos denunciado públicamente las demoras en su implementación a nivel local, a la vez que impulsamos -con marcada insistencia a través de la legislatura-, proyectos de ley para la creación del Órgano de Revisión local (Tucumán es una de las provincias que hasta la fecha no lo ha conformado). No desconocemos las dilaciones en la implementación de políticas públicas efectivas que garanticen el respeto pleno de los derechos de los/as usuarios, como así también de trabajadores/as del campo de la salud mental.
Sin embargo, aún reconociendo estas demoras, expresamos nuestro enérgico repudio al intento de modificación de la Ley de Salud Mental que detallamos arriba. Porque entendemos que es una ley modelo a nivel regional, cuyo espíritu está en línea con los tratados internacionales de derechos humanos. Porque, por otro lado, es una ley que garantiza nuestro ejercicio autónomo, reconociendo nuestra idoneidad para ocupar aquellos cargos de gestión que, históricamente, han sido ocupados por profesionales de la medicina.
Porque defender y velar por la plena implementación de la Ley de Salud Mental es defender los derechos de la población con la que trabajamos.

Defender la Ley de Salud Mental nos concierne a todos/as por igual, sea donde sea que nos desempeñemos.

Desde el CPT en los próximos días haremos conocer nuestra postura a diputados y senadores nacionales por Tucumán para pedirles que no aprueben esta propuesta. Además, llamamos a toda la comunidad psi de Tucumán a formar parte de la construcción y defensa del campo de la Salud Mental, respetuoso de los Derechos Humanos