Sin embargo, el texto que obtuvo media sanción continúa presentando aspectos regresivos y preocupantes respecto de los principios que orientan la Ley Nacional de Salud Mental.
Entre ellos, señalamos especialmente:
- El debilitamiento de la perspectiva interdisciplinaria, al establecer la participación obligatoria de un médico psiquiatra en la conformación de los equipos, introduciendo una jerarquización disciplinar que tensiona el reconocimiento de los distintos saberes y competencias profesionales.
- Las modificaciones en los criterios y procedimientos de internación involuntaria, que requieren una discusión profunda sobre sus implicancias clínicas, éticas y jurídicas, particularmente en relación con la protección de los derechos de las personas.
- El riesgo de retroceder en la construcción de un modelo de atención comunitaria, al habilitar expresamente las internaciones en instituciones psiquiátricas especializadas, sin establecer garantías suficientes para el fortalecimiento efectivo de los dispositivos territoriales y comunitarios.
- La ausencia de respuestas estructurales suficientes frente a la crisis de salud mental, que exige inversión sostenida, fortalecimiento de los equipos, ampliación de servicios y políticas públicas capaces de abordar las condiciones sociales, económicas y culturales que intervienen en la producción del sufrimiento psíquico.
Desde el Colegio de Psicólogos de Tucumán hemos sostenido una participación activa en este debate. Nos reunimos con los tres senadores nacionales por nuestra provincia para acercar nuestras lecturas, preocupaciones y propuestas, insistiendo especialmente en la necesidad de que cualquier discusión sobre la reforma de la ley incorpore efectivamente la voz de quienes trabajamos cotidianamente en el campo de la salud mental.
Reclamamos, asimismo, el lugar que el colectivo de psicólogos y psicólogas debe ocupar en la construcción y discusión de las políticas públicas necesarias para afrontar la creciente demanda de atención en salud mental.
La crisis que atraviesa nuestro país no puede abordarse exclusivamente mediante modificaciones normativas sobre las internaciones. Requiere políticas integrales, recursos, condiciones dignas de trabajo, dispositivos accesibles y una perspectiva que reconozca que la salud mental no puede pensarse por fuera de las condiciones de vida de la población.
La media sanción no cierra este debate. El proyecto deberá ser tratado ahora por la Cámara de Diputados de la Nación.
El colectivo de psicólogos y psicólogas, organizado a nivel federal, se encuentra trabajando en la articulación de nuevas acciones para acercar nuestras preocupaciones y propuestas a esa instancia legislativa.
Seguiremos defendiendo una salud mental con perspectiva de derechos, una práctica verdaderamente interdisciplinaria y políticas públicas construidas con la participación de quienes sostienen cotidianamente la atención y el cuidado de nuestra población.